Mientras almorzaba, escuché a varios
de mis compañeros conversar sobre Nayib Bukele. Sus comentarios estaban
cargados de elogios hacia el llamado “presidente millennial”, especialmente por
su postura firme frente a las organizaciones de derechos humanos que critican
sus métodos para encarcelar a presuntos criminales.
Uno de los momentos más comentados
fue cuando Bukele respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con la frase: “Si tanto defienden a los criminales, vengan a buscarlos o
déjennos trabajar, porque esos criminales no respetan los derechos humanos de
nuestros ciudadanos”.
El grupo, conformado por jóvenes
menores de 30 años y de distintas nacionalidades latinoamericanas, expresaba
admiración por quien llamaban "el presidente más cool del mundo
mundial", manifestando su deseo de tener en sus países un gobernante similar.
Para ellos, Bukele es, sin duda, “el crack de los presidentes”. Lo que me
genero la curiosidad si nuestros jóvenes quieren realmente un Papá Bukele y si
realmente las organizaciones de DDHH defiende a los delincuentes.
¿Queremos un presidente que pueda encarcelar sin pasar por la justicia?
Más de 70,000 personas han sido arrestadas en El
Salvador, muchas de ellas sin pruebas sólidas, únicamente por su perfil social
o por residir en zonas estigmatizadas. Son detenidas sin que se presenten
evidencias que sustenten los presuntos delitos. Las reformas penales han
permitido audiencias colectivas con cientos de personas, detenciones sin acceso
a defensa legal, y la imposición de prisión preventiva sin una justificación
adecuada (Human Rights Watch, 2023). Lo más alarmante es que miles de personas
inocentes han sido víctimas de detenciones arbitrarias bajo el mando del
llamado “Dictador Cool”.
Se han documentado tratos inhumanos en cárceles, torturas
físicas, negación de alimentos, falta de atención médica y más de 150 muertes
bajo custodia estatal. (Amnistía Internacional 2023). Agravado por la propia
declaración del propio fiscal general que “asegura que al menos el 10% de los
arrestados son personas inocentes”.
¿Queremos un presidente con acceso a nuestra privacidad y que restrinja nuestras libertades?
Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de
excepción que ha sido prorrogado repetidamente. Esta medida de la llamada
“guerra contra las pandillas”, ha dado lugar a graves denuncias por violaciones
a los derechos humanos.
Bajo este régimen, se han suspendido derechos fundamentales como la
inviolabilidad del domicilio, el derecho a la defensa, la libertad de
asociación, y la prohibición de intervenir comunicaciones sin orden judicial
(PNUD, 2023). Esto ha abierto la puerta a allanamientos sin garantías,
detenciones arbitrarias, restricciones a la reunión pacífica y acceso no
autorizado a nuestros teléfonos. Todo ello, en nombre de la seguridad, bajo el
control de un autócrata pop.
¿Represión a la prensa y vigilancia digital más militarización y coacción?
En febrero de 2020, Bukele ingresó al Palacio Legislativo
acompañado de militares armados, exigiendo la aprobación de un préstamo para
seguridad pública. Esta demostración de fuerza fue ampliamente interpretada
como un acto de intimidación al poder legislativo. De la misma manera, diversos
medios y periodistas han denunciado campañas de intimidación, acoso judicial,
amenazas en redes sociales y vigilancia ilegal. Se documentó el uso del
software espía Pegasus contra periodistas salvadoreños. (RSF,2023).
Aunque Nayib Bukele fue electo democráticamente y ha
logrado reducir los índices de criminalidad, su forma de ejercer el poder
presenta claras características de autoritarismo, donde las elecciones existen,
pero las libertades y el Estado de Derecho se deterioran. Su gobierno ha sido
denunciado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, debilitamiento de
las instituciones, y concentración excesiva del poder.
Las denuncias no provienen únicamente de sus opositores
políticos, sino de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía
Internacional, la CIDH, la ONU, Freedom House y Reporteros Sin Fronteras, que
alertan sobre el retroceso democrático en El Salvador.
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